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miércoles, 12 de julio de 2017

reflexiones a propósito de las revocatorias de mandatos (alcaldes) Por: Yury Ramírez Díaz


REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO

Mucho se ha suscitado estos días respecto de la revocatoria del Mandato de los gobernantes de turno en el país; en la actualidad según la Registraduría Nacional del Estado Civil hay 101 procesos en marcha, entre ellos, la del actual alcalde de Bogotá, y algunos alcaldes del Departamento de Cundinamarca como Facatativá, Pandi, La Calera, Tocancipá, Madrid, Zipacón y Mosquera.

Pues bien, la revocatoria del mandato es un mecanismo de participación ciudadana y un derecho político, consagrado en el artículo 64 de la ley 134 de 1994, y reglamentado por la ley 1757 de 2015, por medio del cual los ciudadanos puedan dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o un alcalde. 

La revocatoria a su vez, según la Corte Constitucional se basa en “una relación recíproca y de compromiso entre el voto y el cumplimiento del programa electoral.” Como consecuencia de ello “las promesas electorales bajo el nuevo esquema constitucional deben cumplirse, lo cual explica que los electores puedan adelantar la revocatoria del mandato.[1], es decir, se le revoca al mandatario por las promesas incumplidas que consignó en su plan de gobierno, y que no fueron materializadas en el ejercicio actual de su periodo como Alcalde o Gobernador además de la insatisfacción general de la comunidad. 

Es decir, las causales son taxativas, y deben corresponder a lo que el mandatario se COMPROMETIÓ A HACER Y NO HA HECHO, por ende, no se le deben endilgar responsabilidades de mandatarios pasados, o de decisiones nacionales que irradian en el Municipio, Distrito o Departamento. Otra causal es la insatisfacción general de la ciudadanía, que es difícil de medir, teniendo en cuenta que cada quien opina favorable o desfavorablemente respecto de alguna decisión del gobernante, que dicho sea de paso, va en correspondencia a los intereses personales de los gobernados; sin embargo y con base en estas causales, los comités o grupos políticos inician la recolección de firmas para avalar la revocatoria ante la Registraduría, las cuales deben contener mínimo el número correspondiente al treinta por ciento (30%) de los votos obtenidos por el alcalde o gobernador. 

Posteriormente la Registraduría acredita las firmas y se convoca a elecciones; el mandatario será revocado si se aprueba la votación de la mitad más uno, del 40% del total de votos válidos para la elección del gobernante. 

Ahora bien, debemos ser responsables frente a lo que está en juego: 

En primer lugar entendamos que cuando se realizan unas elecciones, el candidato ganador, ya no gobierna sólo para sus votantes, sino que gobierna para todo el conglomerado social, es decir, para quienes no votaron, (que son la gran mayoría), para quienes votaron por los otros candidatos, o para quienes anularon el voto o votaron en blanco.

Por eso, los gobernantes deben tener absolutamente claro que cuando ganan, ya no hay más campaña y los revanchismos políticos se acabaron. (Situación que evidentemente a algunos les cuesta), por ende, cuando en vez de dialogar con la oposición política se dedican a aminorar sus voces, surgen procesos como éstos, en los que se afirman sentimientos viscerales de uno y otro lado. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta los tiempos a los que se enfrenta un mandatario local: En primer lugar, se requiere entender que el primer semestre del primer año, es decir, para el caso de los mandatarios actuales, de enero a junio de 2016, se realiza la construcción del plan de desarrollo; son seis meses casi que inactivos, por cuanto se está concretando con la comunidad los planes y proyectos que se van a ejecutar en el próximo cuatrenio y la articulación con el plan de desarrollo Departamental y Nacional. 

De ahí en adelante, se inicia el proceso de gestión de recursos para el cumplimiento de metas y el recaudo de dinero por parte del Municipio, es decir del pago de nuestros impuestos, que dicho sea de paso es nuestra obligación; (en ocasiones a los ciudadanos se nos olvida que para exigir hay que dar, y nos quejamos de que el mandatario no hace nada, cuando nosotros ni siquiera cumplimos con ese pacto social). 

Ahora bien, analicemos: en casos como los del Alcalde de Bogotá, y otros mandatarios de Cundinamarca, no se había posesionado el Alcalde, cuando ya se tenía iniciado un proceso de revocatoria, lo que deja de por sí ver, a un grupo de ciudadanos o un grupo político que no quedó satisfecho con los resultados electorales y decide interponerse en el camino del mandatario a como dé lugar. Entonces, ¿realmente estamos utilizando objetivamente los derechos políticos consagrados en la Constitución y en la ley?

Otra situación se presenta cuando efectivamente se hace un ejercicio juicioso respecto de las versiones de una y otra parte, se evalúan los pro y los contra del mandatario y los pro y contra de los comités u organizaciones que buscan la revocatoria, para así votar de manera concienzuda y responsable los destinos del gobierno Municipal, Distrital o Departamental. 

Lamentablemente es algo que no hacemos, pues parece que la mayoría de los ciudadanos somos expertos en criticar, pero no en investigar. Lo digo, conforme a lo establecido en un informe de la OCDE[2] donde se determinó que más del cuarenta por ciento (40%) de nuestra población no le interesa la política, ocupando uno de los más altos estándares entre los países de Latinoamérica y Europa, por ende, no nos involucramos ni investigamos ¿en qué está trabajando el gobernante? ¿Cuáles son los programas?, ¿Qué dinero se ha invertido?, ¿ su comunicación en las redes sociales?, tal parece que no. 

La apatía a las elecciones es tal, que a la gente no le interesa realmente lo público, lo que evidentemente se comprobó en la votación del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, la cual obtuvo una abstención del 62.2%, la mayor en los últimos 22 años, ó por ejemplo en el caso de Cundinamarca, sólo el 65.27% participó de las elecciones de mandatarios locales, lo que deja ver la desidia del interés por lo que pasa en nuestro entorno. Pero eso sí, estamos prestos a criticar al que suba al poder. 

En la actualidad se han gastado $1600 millones en siete, procesos de revocatoria fallidas, hay 100 en proceso y nos costarían cerca de 98.000 millones de pesos, una suma que bien podría el Estado retornarla a los ciudadanos en obras en infraestructura vial, aportes en educación, saneamiento ambiental, entre otros, y que por demás, según El exministro Alberto Carrasquilla esa cifra es comparable o superior a la inversión total del Estado en desarrollo económico, industria y turismo, o al gasto en defensa civil[3].

Entonces, antes de sentarnos a tuitear en nuestro sillón sobre lo que nosotros debemos hacer o no respecto del proceso de revocatoria, pensemos dos cuestiones: ¿realmente es tan terrible el gobierno del mandatario? ¿realmente no se ha hecho nada?, ¿realmente lo que aducen los miembros de los comités de revocatoria es cierto?, ¿hay alguna clase de interés político detrás de la revocatoria?, ¿estamos absolutamente seguros que los argumentos utilizados por los miembros de los comités son contundentes y resumen el interés general de la población?.

Pues bien, espero que seamos sensatos a la hora de manifestarnos políticamente, que seamos responsables, que salgamos a votar, que no nos dediquemos a desatar el odio, la ira y la indignación en redes sociales y que por el contrario ejerzamos nuestros derechos políticos como debe ser: en las urnas.

Ahora bien, si gana la revocatoria, el mandatario debe aceptar la decisión popular y salir por mandamiento del pueblo, y en caso de que por el contrario la revocatoria sea fallida, los grupos políticos detractores o los comités de revocatoria deben continuar con su labor dentro de la legalidad, (es decir, sin paros violentos), ejerciendo la veeduría ciudadana, y aceptando con resignación la decisión del conglomerado electoral. 




[1] Corte Constitucional, Sentencia C -150 de 2015, MP
[2] OECD (2016), Society at a Glance 2016: OECD Social Indicators, OECD Publishing Paris. http://dx.doing.org/10.1787/9789264261488-en
[3] El costo de la Revocatoria, Confidenciales SEMANA. Publicado el 24/06/2017, en www.semana.com/confidenciales

Las ideas expresadas por los columnistas son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial del Periódico en Acción, un espacio para la libre opinión.

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